Este mes de enero ha entrado en vigor la obligación de facturar por vía electrónica para los proveedores de la Administración pública, así como para aquellas empresas que prestan servicios “de especial trascendencia económica”. Respecto de estas compañías, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información fijó, ya en 2007, la obligación