Abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial en España costará 240 euros menos a sus promotores, gracias a la simplificación de trámites administrativos que el Gobierno ha incluido en el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Abrir un comercio costará 240 euros menos gracias a la simplificación de trámites administrativos

Abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial en España costará 240 euros menos a sus promotores, gracias a la simplificación de trámites administrativos que el Gobierno ha incluido en el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Según se señala en la memoria de impacto normativo que acompaña al decreto, la sustitución de las autorizaciones para la apertura, traslado o ampliación de comercios por declaraciones responsables o comunicaciones permitirá tanto una reducción de tiempo como de cargas administrativas.
En concreto, el Ejecutivo estima que habrá un ahorro de 80 euros por la diferencia entre presentar dos solicitudes presencialmente (una local y otra autonómica), otros 100 euros por la implantación de la tramitación proactiva, en la que se acumulan y suprimen algunos trámites y se integran en una única ventanilla, y un ahorro de 60 euros más por la reducción de seis a tres meses en el tiempo de tramitación del expediente.
En cualquier caso, estos ahorros no conllevarán ni un incremento ni una disminución de los ingresos que percibe la Hacienda pública.
Menos barreras
Estos ahorros supondrán además una eliminación de barreras de entrada al mercado, lo que incrementará la competencia en el sector comercial y, a su vez, la posibilidad de empezar a funcionar de forma más ágil adelantará la obtención de ingresos y beneficios por parte del promotor comercial.
Estas ventajas se suman además a otros cambios en el ámbito comercial incluidos en el mismo decreto ley, tales como el impulso a las zonas de especial afluencia turística (ZGATs), con mayor flexibilidad de horarios de apertura.
En este sentido, el Gobierno ha decidido dar dos meses más a las regiones obligadas a declarar al menos una de estas zonas para que lo hagan (como sucede con Barcelona o Bilbao), so pena en caso contrario de declarar todo el municipio como ZGAT y que tengan una liberalización de horarios total, y no con límites temporales y espaciales como pueden regular los gobiernos autonómicos.
Fuente: eleconomista.es